El colectivo de las personas con discapacidad de toda la Argentina convoca a una gran jornada de lucha y movilización este jueves 10 de julio desde el mediodía en diferentes puntos del país con el objetivo de acompañar el tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Emergencia en el sector, que ya cuenta con media sanción en la cámara baja desde junio. El acto central será en el Congreso de la Nación, con la presencia de legisladores y representantes de la oposición, para presionar la llamada al recinto, luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche, rechazara el dictamen favorable que se había conseguido la semana anterior por “no haberse cumplimentado los requisitos reglamentarios exigibles a tal efecto”. “La inclusión es un problema de toda la población” En Córdoba capital la convocatoria es desde las 12 en Plaza San Martin. Desde allí Julia Domínguez, psicopedagoga y referente de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, detalla que para visibilizar el reclamo y que “la gente se informe, se organice y vaya siguiendo lo que sucede a nivel legislativo”, con ATI vienen realizando concentraciones y clases públicas: “Es necesario que esto sea un ejercicio de ciudadanía para evitar que se profundice la quita de derechos, ya que una de las chicanas del gobierno es que esto es un proyecto de oposición, de esta manera podrán ver que nos movilizamos a conversar con todos los espacios”. Como profesional de la salud advierte un deterioro marcado de las condiciones de vida de las personas con discapacidad como producto de la desregulación de sistema y las obras sociales: “Desde el inicio de esta gestión muchas personas vieron que sus prestaciones no se han autorizado, lo que ya significa o un retroceso o un impedimento para el desarrollo y la autonomía, más allá de incidir en su estado de salud. Por otra parte al retrotraerse la quita de la compatibilidad del Certificado único de Discapacidad (CUD) con el trabajo registrado, se excluye del mercado laboral a las personas con discapacidad que de por si, en su mayoría, no están incluidas en el mundo del trabajo. La desregulación de las obras sociales genera ciertas arbitrariedades en las coberturas de medicación, algunas son indispensables e inaccesibles por sus precios”. En este sentido, Domínguez señala que la ley de emergencia simplemente busca que se sostengan cuestiones básicas como las prestaciones y tratamientos, la posibilidad de que las personas con discapacidad conserven su trabajo y honorarios en los talleres protegidos y , en el caso de las pensiones, que puedan contar con el apoyo social correspondiente. Durante la jornada de este jueves, que buscará garantizar el tratamiento y aprobación del proyecto de Emergencia, participaran personas con discapacidad, familias prestadores, organizaciones, instituciones, y ciudadanos independientes que se reconocen en el relamo de derechos: “La inclusión no es una cuestión de las personas con discapacidad, ni de prestadores. Es una necesidad social, un problema de toda la población y por otro lado la discapacidad es algo que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento de su vida, por ende es importante salir de la indiferencia y romper con lo que instalan los discursos de odio, que progresivamente calan justificando que a la gente le deje de importar, que la sociedad se insensibilice con algo que es importante”. En el interior de la provincia también habrá actos en diferentes puntos desde las 12: Plaza Manuel Solares en Alta Gracia; Polideportivo de Villa Allende, en Sierras Chicas; Plaza Sarmiento en Dean Funes; Explanada del Ferrocarril en Jesús Marí; Plaza Centenario en Villa Cura Brochero; y Plaza Centenario en Villa María. “Nuestras vidas se vuelven rentables para ciertos sectores empresariales” Gabriela Bruno es referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Santa Fe y secretaria de Discapacidad del Partido Socialista a nivel nacional. Además es asesora de Pablo Farías en la Cámara de Diputados, en temas de accesibilidad y discapacidad, y fue convocada a las reuniones de comisión para dar su testimonio en primera persona y, desde su lugar de psicóloga social, se enfocó en relatar las consecuencias en la salud mental de la violencia estructural del Estado, disfrazada de trámites y discursos de eficiencia: “Hoy, en Argentina, las personas con discapacidad vivimos bajo auditorías permanentes, demoras, suspensiones y sospechas sistemáticas. Como decía Judith Butler, algunas vidas son consideradas menos vivibles, y por lo tanto más fácilmente precarizadas – manifiesta - esto no se trata de estadísticas ni de diagnósticos clínicos. Hablo de la imposibilidad concreta de proyectar una vida futura, del miedo a perder una pensión, de nuestro cansancio, del de nuestras familias, asistentes y prestadores que viven en incertidumbre, del dolor que produce tener que demostrar una y otra vez que nuestra existencia requiere de apoyos”. El objetivo de la ley, explica, es “asegurar la continuidad inmediata de las prestaciones básicas de salud, educación, transporte, apoyos y rehabilitación, sin interrupciones ni demoras, así como también establecer mecanismos eficaces para que los entes financiadores (obras sociales, PAMI, Incluir Salud, prepagas, etc.) cumplan con los pagos en tiempo y forma a prestadores y profesionales”. En relación al acto del jueves destaca la organización federal del colectivo a lo largo y ancho del país para visibilizar lo que está ocurriendo y la gravedad de la vulneración de derechos: “La gesta es diversa en su conformación ya que en algunas localidades primó la fuerza de los prestadores de servicios, en otras las familias, en otras las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad (distingo de las organizaciones para personas con discapacidad ya que unas están protagonizadas por las personas con discapacidad y otras trabajan con personas con discapacidad). Cuestión que esto simplemente le dio un tinte diferente, pero fue pareja la reacción y sabiduría de los procesos sociales de tener el reflejo de salir a la calle, de manifestarnos, de visibilizarnos, de hacer lobby con lxs legisladores, con los medios y demás”. En ese sentido la referente manifiesta que las personas con discapacidad no son víctimas pasivas ni objetos de caridad sino “sujetas políticas” y sus problemáticas requieren de una respuesta en esos términos, y por esa razón están exigiendo la aprobación del proyecto de Ley de Emergencia. Según su punto de vista garantizar la salud mental no es solo garantizar atención profesional, sino además “asegurar condiciones de vida digna, vínculos sostenibles y apoyos estables”. Sin embargo, también subraya que es necesario lograr que la sociedad lo tome como un problema propio, como una cuestión que trasciende a quienes están en relación directa a la temática. Con esa mirada celebra algunos ejemplos de visibilización como las acciones y banderas de algunos clubes que salieron reclamando; las remeras con las frases de sus derechos; la participación de legisladores y funcionarixs públicos en las audiencias; y la “generación de lazos con otras organizaciones”. En Santa Fe Capital las actividad será en Plaza 25 de Mayo, desde las 12 hs. En ese mismo horario están convocando en la Plaza de las Colectividades de Cañada de Gómez; Esquina de Obligado y Patricio Diez de Reconquista; la Plaza San Martín de Rosario; la Plaza San Martín en San Jorge; Plaza San Martín, de Venado Tuerto; y Plaza central en Villa Constitución. “El proyecto de Ley de Emergencia es un salvavidas para el sector” La zona cuyana asimismo se suma a esta jornada y en Mendoza particularmente una de las organizadoras es Mónica Bascuñán, Coordinadora del Observatorio de Discapacidad provincial y activista regional por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. “Es muy difícil la organización conjunta del sector, pero esta crisis nos ha unido para resistir más fuerte que nunca a pesar de la poco accesibilidad que se brinda para nuestra participación plena y efectiva, como lo que somos, sujetos de derechos – declara - en la Jornada participan todos los centros de día, espacios de rehabilitación y la sociedad civil. Vamos a estar todes los que trabajamos en defensa de la dignidad del sector”. La propuesta impulsada por el Diputado Daniel Arroyo que podría aprobarse el jueves busca declarar la emergencia en el sector en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. Acerca de su importancia la activista señala que los puntos centrales son la actualización del nomenclador de las prestaciones, y por otro lado la disposición de mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones: “No actualizar el nomenclador y las prestaciones hace que se baje la calidad y cantidad prestacional y esto afecta directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad. Por eso el proyecto de Ley de Emergencia es un salvavidas para el sector – indica - para que existan políticas públicas acertadas debe estar el asesoramiento de las y los principales protagonistas y eso es para mí los más importante que pide el proyecto”. En la ciudad de Mendoza el encuentro para pedir que se garanticen vidas dignas para el sector será desde las 11 en Sarmiento y Patricias Mendocinas (Legislatura de Mendoza) y el objetivo es ampliarlo a la ciudadanía en general: “la discapacidad es transversal y el modelo social o el modelo de convivencia nos dice que las barreras que existen las pone la sociedad, no las personas con discapacidad. Es un tema de interés social y no individual. Si fuese individual sería como lo propone el presidente que dice que las familias deben hacerse cargo de las Personas con Discapacidad, como si fuésemos niñez. Esa definición nos infantiliza”. “Esto empieza a ser un terrorismo de estado de baja intensidad” Si bien la jornada se extenderá por todo el territorio nacional, el foco de atención política estará puesto frente al Congreso Nacional. Allí se hará presente Guadalupe Bergiela, estudiante de derecho en la Universidad de La Matanza, trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad, y fundadora de @patriadiversa, quien encabezará una radio abierta junto a Discas en lucha: “El jueves la idea es encontrarnos al mediodía en la puerta del Senado para hacer una radio abierta. Nosotros vamos a tener posibilidades de hablar y de exigir, y sacarnos una foto con los senadores que bajen a la calle y que acompañen, porque aún no sabemos si va a haber sesión”. Desde la organización difunden y amplían la convocatoria para garantizar el acompañamiento de diferentes sectores sociales y partidos políticos: “Lo que buscamos es convocarnos, estar en la plaza, y acompañarnos porque tenemos que ser muchos, no solamente personas con discapacidad, sino de todos los sectores. Porque realmente queremos que sea ley, porque lo necesitamos, es una necesidad y es una urgencia. Porque entre medio de que los senadores se pelean entre ellos hay personas pasándola realmente muy mal, que no tienen medicación, personas que no llegan a fin de mes, que no saben si comen o no comen”. “Las personas con discapacidad somos personas con caras, con identidades y con derechos, que hoy están en riesgo, por ende nuestras vidas también. Porque si nosotros no tenemos derechos humanos garantizados, no tenemos vida. Es un gobierno que nos quiere muertos. Y nosotros no se lo vamos a devolver. Nosotros no militamos el ojo por ojo. Nosotros militamos una forma de construcción política donde se pueda hablar de la discapacidad como identidad política”, denuncia Bergiela. Además, la ex trabajadora de ANDIS analiza que el ataque al colectivo de discapacidad debe interpretarse como un paso más en medio de un plan de disciplinamiento que seguirá avanzando y violentando a otros sectores: “Queremos que la ciudadanía se sume, pero también por sus reclamos, que son también los del otro. Esto empieza a ser un terrorismo de estado de baja intensidad, porque si bien fue un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, es un gobierno que está yendo en contra quien lo votó. Y a mí no importa quién lo votó o quién no lo votó, me importa que no lastimen al otro . Yo no milito solamente para que coman bien los peronistas, yo milito por una patria justa que incluya a todos”. Para evitar los embates de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, como pasa cada miércoles en las marchas de los jubilados, la asamblea creó una comisión de cuidados y dio forma a un protocolo de cuidados para poder replegarse y saber cómo actuar en momentos de represión. “Vamos a estar circulando en algún momento un protocolo de cuidados para la marcha que hable de la represión, de lo que puede pasar. Y la idea es organizarnos en esta lucha que es muy compleja y muy larga. El jueves es un día y después hay que ver cómo continuamos porque estamos muy desgastados – relata la militante peronista y femidisca - yo desde octubre que no paro. No tengo fin de semana, no tengo feriados.” Rosario – Plaza San Martín, 12 hs San Jorge – Plaza San Martín, 12 hs Capital – Plaza 25 de Mayo, 12 hs Venado Tuerto – Plaza San Martín, 12 hs Villa Constitución – Plaza Central, 12 hs 📍Santiago del Estero Capital – Plaza Independencia, 12 hs – Plaza Libertad, 12 hs 📍Tierra del Fuego Río Grande – 12 hs 📍Tucumán San Miguel de Tucumán – Plaza Independencia, 12 hs