Flybondi, la aerolínea low cost con base en la Argentina, recibió una imputación por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se expone a multas millonarias por cancelaciones de vuelo, falta de respuestas y por dejar varados a miles de pasajeros, aunque desde la empresa desmintieron categóricamente esta información y acusan al organismo provincial de no ser “competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica”.

Según la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, Flybondi se encuentra entre las 10 empresas más denunciadas por los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que han volcado numerosas denuncias y quejas por incumplimiento de servicio a la aerolínea con sede en el Aeroparque Jorge Newbery. 

A causa de esta situación, Flybondi se expone a posible multas de 1.000 millones de pesos por presuntas infracciones a la Ley N° 24.240 de Defensa al Consumidor: el Gobierno de Axel Kicillof ya lo notificó de esta situación y desde la aerolínea se defendieron. 

“Flybondi rechaza categóricamente la imputación recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios por supuestos incumplimientos a determinados artículos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor”, destacó en un comunicado. 

Desde esta Dirección Provincial bonaerense explicaron que “resulta muy difícil y a menudo imposible comunicarse con la firma, por lo que las y los consumidores no logran obtener una respuesta para hacer valer sus derechos, ya sea optando por una reprogramación o por el valor de reintegro del ticket o de los gastos generados por la cancelación”. 

El comunicado de Flybondi 

Flybondi rechaza categóricamente la imputación recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires por supuestos incumplimientos a determinados artículos de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

La compañía aclara que: la Dirección Provincial no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el  Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en este sentido en fallos recientes.

La industria aeronáutica se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad de aplicación y por ende de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La ANAC interviene en la instancia administrativa y en la instancia judicial lo hacen los Tribunales Federales.
Siempre da respuesta a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados por la compañía. Brinda toda la información al pasajero para ejercer sus derechos conforme la normativa aplicable.

Sobre la imputación, Flybondi manifiesta que se ve vulnerado el derecho de defensa al no permitirle conocer el estado de los supuestos reclamos a los que se hace referencia. La compañía presentó en tiempo y forma el correspondiente descargo a la imputación recibida.