Una mujer de Florencio Varela vivió un verdadero infierno en manos de un hombre que la encerró durante dos años en una casilla, la explotó sexualmente y la mantuvo amenazada con un arma, diciéndole que mataría a sus hijas si no cumplía sus órdenes. La víctima finalmente logró huir y, tras pedir ayuda a un vecino, la Policía Bonaerense detuvo al acusado, quien está preso en la alcaidía de esa localidad. La semana pasada, el juez Diego Agüero, del Juzgado de Garantías N°6, le negó la excarcelación al imputado en un fallo con perspectiva de género. Argumentó que el acusado representaba un peligro tanto para la víctima como para los testigos del caso. Además, destacó la obligación judicial de garantizar los derechos de las mujeres y actuar de manera efectiva frente a los casos de violencia. Encierro, amenazas y violencia extrema: una amistad que se convirtió en pesadilla Todo comenzó hace tres años, cuando la mujer de 30 años conoció a H. D. E. y entablaron una relación de amistad. Ella, atravesando una separación, con dos hijas, y sin un lugar donde vivir, aceptó mudarse con él en una pequeña casilla en la localidad de Ingeniero Allan. Sin embargo, poco después el hombre mostró su verdadera personalidad: comenzó a intimidarla y la obligó a mantener relaciones sexuales sin protección a cambio de dinero o droga, aprovechándose de su situación de consumo problemático. La situación escaló rápidamente. H. D. E. la amenazaba con matar a sus hijas, de apenas un año y tres meses, cuando la mujer se negaba, y llegó al extremo de despertarlas para que presenciaran los abusos. En 2020, según pudo saber TN de fuentes judiciales, ella pudo escapar y buscó refugio en la casa del papá de sus nenas, pero el acusado supo dónde vivía y la fue a buscar. Armado con un revólver, la hizo salir de la casa, le apuntó en la cabeza y la subió a un auto. La película de terror volvió a comenzar para ella. Desde ese momento, la mujer quedó completamente sometida, ya que el hombre la obligaba a prostituirse en una habitación preparada para eso, donde recibía hasta cinco “clientes” por noche y cobraba 50 mil pesos cada uno. Los atendía de 23 a 6 de la mañana. El imputado controlaba cada aspecto de la vida de la víctima. La mujer no podía salir de un cuarto pequeño de madera, con techo de chapa, donde además de una cama había una entrada a un sótano. La mantenía encerrada bajo llave, la privaba de elementos básicos de higiene durante su menstruación y la dejaba desangrarse y ella tenía que ponerse una sábana o algodones si encontraba. También la amenazaba constantemente con matarla si pedía ayuda. En este sentido, ella denunció que los vecinos del barrio sabían lo que pasaba adentro de esa casilla, pero no intervenían por temor a que el acusado les haga algo. Hasta que un día, finalmente, pudo escapar. Aprovechando que el hombre olvidó cerrar un candado, la víctima logró escapar. Sin embargo, el acusado la descubrió mientras salía de la casa, tomó un arma y le disparó por la espalda. La mujer corrió desesperadamente, pudo esquivar las balas y se refugió en la vivienda de un vecino, desde donde llamó a la policía. Al día siguiente, el 19 de noviembre, el fiscal Daniel Ichazo ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio del imputado. Allí, los oficiales secuestraron un revólver calibre .32 con dos balas en el tambor y detuvieron al agresor. En la casilla se secuestraron también dispositivos móviles, como un celular y una cámara de fotos, y también memorias, que están siendo peritadas por la Gendarmería. “Juzgar con perspectiva de género es una obligación” La semana pasada, el hombre intentó obtener la excarcelación y presentó un pedido ante el Juzgado de Garantías N°6, firmado por su abogada defensora. Pero el juez Diego Agüero se la denegó, al considerar el riesgo que representaba para la víctima y los testigos, y subrayó la importancia de juzgar con perspectiva de género. En su fallo, el juez citó precedentes como el caso de Lucía Pérez en Mar del Plata y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Afirmó que garantizar los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género no solo es un mandato legal, sino “un imperativo constitucional”. “La experiencia en mi función y la denominada experiencia común, me indican en casos como el presente en el cual nos encontramos ante una mujer víctima de violencia en razón de su género, la necesidad de asegurar de un modo efectivo la libertad de vivir en un mundo sin violencia de las mujeres como así también actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género”, señaló Agüero. Ahora, el acusado enfrenta cargos por promoción o facilitación de la prostitución de mayores, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Mientras tanto, la víctima intenta reconstruir su vida tras sobrevivir a un verdadero infierno.