El gobierno de Javier Milei prepara un proyecto para endurecer el Código Penal para que sea "más punitivo" que el actual, y prevé iniciativas como que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin ninguna clase de reducciones o beneficios.

"Se está trabajando en una reforma del Código Penal, estamos escribiendo uno nuevo, queremos elevar todas las penas porque nos parece que es muy condescendiente con los victimarios", planteó un importante funcionario de la gestión libertaria. El Ministerio de Justicia está al frente de la redacción del proyecto.

Para la gestión libertaria, las penas actuales "son irrelevantes" y solo "funcionan si se tiene miedo" a las mismas. "Las de hoy no inhabilitan la comisión del delito", analizó la fuente consultada.

Al respecto, el funcionario señaló que se busca un Código Penal "que sea punitivo, que el que comete un delito tenga miedo de ir preso 20 años". "Porque hoy entran y salen al día siguiente y entonces, ¿cuál es el medio a cometer un delito? Queremos castigar más al delincuente", insistió.

A su vez, dijo que para el Gobierno "un violador tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque no tiene reinserción social".

"La cadena perpetua tiene que ser efectiva, en el caso de la violación no sé si debería corresponder perpetua pero buscaremos que la pena, al menos, sea lo más larga posible", detalló.

Consultado sobre si se centrará sólo en lo punitivo y dejará de lado el costado de la reinserción social de los delincuentes, el funcionario respondió: "No es excluyente lo punitivo con la reinserción social. Pero hasta que no cambiemos el sistema penitenciario… la cárcel hoy es un posgrado en delito".

En ese sentido, recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en avanzar en el proyecto de cárceles privadas.

Según el actual Código Penal, las personas condenadas a prisión perpetua pueden acceder a la libertad condicional luego de cumplir 35 años de pena y, si se cumplen ciertas condiciones, como no volver a delinquir, la pena se extingue 10 años más tarde.

En las cárceles de todo el país hay unas 56.000 personas condenadas, de las cuales cerca de 2.500, esto es, menos del 5%, tienen pena de prisión perpetua, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.