Un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), arrojó que el 77 % de las trabajadoras domésticas de Argentina no está registrado de manera formal.

El encuentro fue llevado a cabo por la OIT en la Biblioteca Nacional, donde asistieron representantes de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Diana Edith García, directora del Tribunal, manifestó que una de las causas más relevantes de esta problemática surge desde el “desconocimiento” de muchos empleadores sobre la manera de proceder en el trámite que se necesita para poder formalizar a sus empleadas.

“En este tipo de trabajos hay un grado afectivo, familiar. Entonces, el empleador y el trabajador tienen otro tipo de vínculo y, a veces, esa misma afectividad es la que conlleva a la falta de registro. Cuando nos llega el conflicto, ya nos llega con una relación laboral que no ha sido registrada en su totalidad o en parte. Cuando indagamos un poco en esa cuestión, tiene que ver con que mucha gente desconoce cómo proceder a un registro. Creo que hace falta mayor difusión. Me refiero concretamente a los empleadores, que son quienes desconocen de qué manera proceder”, indicó García.

Por otro lado, explicó qué parte de esa población que contrata personal doméstico son adultos mayores, muchas veces enfermos que, ante su necesidad, “tratan de paliar lo que les está haciendo falta y no salen a buscar una ayuda para proceder a un registro”, porque no pueden moverse de sus casas o no tengan el manejo o las herramientas para hacer el registro correspondiente: “Muchas de ellas ni siquiera saben cómo manejar una computadora como para decir, puedo registrar mi empleada por más que lo quieran hace”, añadió.

Otro de los conflictos que también observan desde el Tribunal es que “parte de esa informalidad proviene de trabajadoras migrantes”, que toman esta actividad como su primer trabajo en nuestro país.

“(Las trabajadoras migrantes) toman esto como su primer trabajo, hasta tanto obtengan su residencia y, posteriormente, su documento. En esas condiciones, a veces son ellas mismas quienes piden que no se las registre por diferentes motivos, porque a veces vienen huyendo de situaciones difíciles, vinculadas a lo delictivo, entonces prefieren no estar registradas y, por supuesto, el empleador se lo respeta”, aseguró.

Para García, “no hay una maldad intencional en el empleador” cuando no procede al registro porque, de hecho, otra de los estudios que pudieron hacer es que, dentro de los empleadores, hay una mayor población de clase media, media - alta y alta y destacó que “los que son de mayor nivel económico en general las tienen registradas” porque tienen el “incentivo” de que se produzca “un descuento en el impuesto de ganancias”, sin embargo, en la clase media, que son los que también salen a trabajar y “necesitan que le cuiden al nene”, no llegan a eso.

“Una vez que determinamos que la relación no ha sido registrada o lo ha sido en modo deficiente, nos queda dar intervención con nuestra sentencia al ARCA para que ellos tomen la intervención de su competencia. Sabemos que esos aportes, que eventualmente se recauden en el juicio anterior, no van a ir a parar al trabajador. Directamente, va a ser un juicio contra el que fue su empleador, pero para el Estado. Así que tampoco va a obtener beneficio el trabajador por esa sentencia. Tendría que generarse una modificación legislativa desde ese lugar también”, concluyó.