El juez federal Rodrígues Da Cruz ordenó este martes por la noche la detención del financista Fernando Whpei, en el marco de la causa Bailaque, donde se lo investiga por presunta extorsión junto a un exjuez federal y un exfuncionario de la AFIP, y además decretó la inhibición de sus bienes por $1.500 millones.

En su resolución, el juez Rodrigues Da Cruz consideró a Whpei "coautor penalmente responsable", y lo acusó de "tener el control de la maniobras extorsivas".

La medida fue adoptada a las 21:30 a pedido de los fiscales del caso y contempla una detención inicial de 90 días bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El empresario quedará alojado en una dependencia aeroportuaria hasta que se defina su traslado al Servicio Penitenciario Federal.

La defensa de Whpei solicitó prisión domiciliaria, alegando razones de salud vinculadas a su hija. El magistrado ordenó la realización de informes médicos y socioambientales dentro de las próximas 48 horas, aunque el financista continuará detenido en forma convencional por el momento.

El caso involucra también al exjuez federal Marcelo Bailaque y al extitular de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna, imputados junto con Whpei por la presunta coacción a Claudio Iglesias, un agente bursátil. Según la acusación, el objetivo era el cobro de una suma de USD 250.000 a cambio de desactivar una causa armada.

Por su parte, Bailaque fue imputado y su caso lo sigue también el Consejo de la Magistratura, mientras que Vaudagna llegó a un acuerdo con los fiscales federales tras haber confesado su participación en el hecho.

A Whpei se le atribuyó haber recibido una suma millonaria de parte de Bailaque, quien había intervenido la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, y destinarle sus fondos a la mutual del financista en lugar de girarla a una entidad regulada por el Banco Central.

Antes de ser imputado formalmente, Whpei acusó a Iglesias de "falso testimonio" y además pidió la recusación de los fiscales por su supuesta "parcialidad", en un intento aparente por dilatar la prisión preventiva, finalmente confirmada por el juez.