Una mujer que esperaba una transferencia por la cuota alimentaria de su hijo se encontró con la transacción de 510 millones de pesos por parte del Gobierno de San Luis. Sin embargo, Verónica Acosta utilizó gran parte del dinero y ahora enfrenta una causa por estafa ante la Justicia. La joven madre recibió la millonaria transferencia y en cuestión de horas compró alimentos y adquirió electrodomésticos para ella y varios de sus familiares. Según contó ante los medios locales, estaba esperanto 8 mil pesos por una cuota alimentaria. Acosta deberá pagar, al igual que otros cinco imputados, una fianza de 30 millones cada uno para no quedar detenidos. Luego de recibir el dinero por un grave error administrativo, ella asegura que no recibió aviso de las autoridades. Luego, en menos de 48 horas, el Estado congeló su cuenta, la policía allanó su casa, le incautaron celulares de sus hijos y terminó imputó por defraudación al Estado. Ella, junto a algunos familiares y allegados, deberán pagar la cifra mencionada en tres días para evitar volver a ser detenidos por estafa. El testimonio de la mujer que recibió 500 millones por error de parte del Gobierno de San Luis "No somos ladrones. Si el Gobierno se equivocó, ¿por qué pagamos nosotros?", expresó Acosta ante la insólita situación que vivió. Además, declaró que al principio creyó que había recibido 500 mil pesos. Ante la necesidad económica que atraviesa, la mujer compró alimentos, una heladera, otros electrodomésticos y materiales para su vivienda. También le transfirió dinero a familiares. “No sabía que era del Gobierno. Lo usé para necesidades urgentes”, manifestó luego de ser liberada. Por su parte, su abogado Hernán Echevarría apuntó que no existió ninguna maniobra fraudulenta: "Son personas humildes, sin antecedentes, con domicilio, que nunca actuaron de mala fe. No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes". Cabe mencionar que el contador que realizó la transferencia fue quien luego denunció el error millonario. Según la defensa, hasta el momento no pesa ninguna imputación sobre el funcionario del Gobierno de San Luis. Del mismo modo, trascendió que la administración pública de esa provincia recuperó el 90% del dinero, ya que gran parte fue devuelta voluntariamente y el resto está siendo rastreado mediante las transferencias que se hicieron con billeteras virtuales. Desde Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, se sostiene que hubo intentos previos de contacto para alertar sobre la equivocación, pero no fueron respondidos. "La buena fe hay que demostrarla con hechos", señaló Ávila la jueza de Garantía resolvió que los seis imputados deben depositar 30 millones de pesos en tres días hábiles si quieren conservar la libertad. La defensa apeló tanto la imputación como el monto de la caución, por considerarlo “exorbitante e imposible de cumplir”.