La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado sigue escalando y ya causó 33 muertes en hospitales del país, la mayoría de ellas vinculadas al Hospital Italiano de La Plata. La Justicia Federal ordenó nuevos allanamientos a droguerías en los últimos días y se secuestró documentación clave para rastrear la ruta de distribución del opioide adulterado. Por ahora, esas droguerías no estarían involucradas directamente en la contaminación, que según las pericias se produjo en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, ya clausurados, pero el juez federal Ernesto Kleplak busca determinar la trazabilidad para conocer por dónde pasó y hasta dónde llegó el fentanilo letal. En paralelo, la ANMAT emitió una nueva disposición que prohíbe la comercialización y el uso de todos los productos de HLB Pharma Group S.A., tras confirmarse la contaminación bacteriana en el lote de fentanilo 31202. Además, la agencia sanitaria pidió a todos los hospitales del país que inmovilicen en cuarentena cualquier ampolla o medicamento de esa firma -incluida Laboratorios Ramallo- y que informen de inmediato si fueron adquiridos a esos laboratorios. “Los productos deben quedar retenidos hasta que se informe otra medida sanitaria y/o judicial”, advirtió ANMAT en un comunicado oficial. El foco en el Hospital Italiano de La Plata El caso tomó estado público a comienzos de mayo, cuando se detectaron nueve muertes por neumonía bacteriana en el Hospital Italiano de La Plata. Las víctimas estaban internadas en terapia intensiva y habían recibido fentanilo inyectable como parte de sus tratamientos. Las muestras tomadas en el hospital y en Laboratorios Ramallo revelaron la presencia de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, dos bacterias que no forman parte de la flora hospitalaria común, lo que sugiere una contaminación durante el proceso de producción o envasado. La investigación judicial está a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, encabezado por el juez Ernesto Kreplak, que ordenó la clausura de HLB Pharma, la inhibición de sus operaciones y el secuestro de documentación en diversas sedes del laboratorio y sus distribuidores. En los últimos días, se llevaron a cabo allanamientos en las plantas de Santa Fe y San Isidro, pero también en distintas droguerías del país. Fuentes judiciales adelantaron a TN que se tomarán más medidas y serán citados a declarar varios de los que están mencionados en la causa, que todavía no tiene imputados. Si se acredita que hubo negligencia grave, omisión de controles, o incluso conocimiento previo del riesgo, los dueños de los laboratorios podrían enfrentar penas de prisión efectiva, con figuras como homicidio culposo agravado o suministro de sustancias peligrosas para la salud (Art. 201 del Código Penal). Todo dependerá de lo que revele la investigación del juez federal y los peritajes toxicológicos. HLB Pharma Group ya había sido sancionado en múltiples ocasiones por la ANMAT. En lo que va del último año, acumuló al menos cuatro medidas disciplinarias por irregularidades graves: falta de trazabilidad en dopamina, falsificación de propofol, contaminación cruzada en morfina y diclofenac, y deficiencias en los procesos de elaboración en Laboratorios Ramallo. Sus actuales propietarios, Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, también fueron vinculados al Laboratorio Apolo, que en el 2000 fue acusado de contrabando de medicamentos y sufrió una trágica explosión en su planta de Rosario en 2016. Pese a estos antecedentes, HLB logró seguir operando en el sector de medicamentos críticos como anestésicos y opioides. Incluso durante la pandemia, la firma anunció un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa para traer vacunas Sputnik V, aunque finalmente quedó fuera de la negociación oficial. A medida que avanza la investigación, se intenta establecer cómo llegó el fentanilo contaminado a hospitales públicos y privados, y por qué instituciones como el Hospital Italiano de La Plata compraron directamente al laboratorio sin pasar por intermediarios autorizados. Mientras se aguardan los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán y al INAME, la ANMAT reiteró su compromiso con una política sanitaria “basada en la integridad, la seguridad y el respeto a la ley”, y advirtió que no permitirá que se ponga en riesgo la salud de la población.