A más de dos años de la muerte de Sofía Fernández, la joven trans de 39 años que apareció muerta en una celda de la comisaría 5° de Pilar, la causa judicial dio un giro decisivo. El último de los policías que quedaban detenidos recuperó la libertad durante la semana pasada. De acuerdo al documento de la acusación a la que accedió TN, Fernández fue asesinada en un claro contexto de odio a su identidad de género, y la Fiscalía sostiene que la escena habría sido manipulada para simular un suicidio. Hasta el momento, 10 agentes de la Policía bonaerense que estaban a cargo de su custodia en una celda de la dependencia de Presidente Derqui están imputados: tres por el homicidio y siete por encubrimiento agravado y falsificación de documentos públicos. Los fiscales Manuel Cayuela y Esteban Álvarez solicitaron en febrero de manera formal que la causa sea elevada a juicio oral, pero Walter Seattone, a cargo del Juzgado de Garantías, todavía no respondió al pedido. Mientras tanto, las defensas de los agentes buscan que sean sobreseídos. Una muerte en custodia y en contexto de odio Fernández, una estudiante de enfermería, fue detenida el 8 de abril de 2023 por un supuesto robo. Desde entonces estuvo alojada en un calabozo de la comisaría Pilar 5°, a la espera de ser trasladada a una unidad penitenciaria con cupo para personas trans. Apenas la subieron al patrullero, según relataron testigos, ella gritó desesperada que no quería ir a la comisaría, que allí la iban a matar. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, en algún momento fue asesinada entre las 17 del 9 de abril y las 7 del día siguiente. Tres policías que estaban de guardia -Carlos Matías Rodríguez, Yesica Isabel Núñez y Edith Viviana Ruiz- habrían entrado a la celda donde estaba Fernández y, abusando de su cargo y en un acto premeditado, le introdujeron en la boca una bombacha y pedazos del colchón, provocándole una asfixia mecánica que derivó en su muerte. La escena fue descubierta de manera casual por un agente de la DDI de San Isidro que había llegado a la comisaría para relevar datos de otro expediente judicial. Según consta en la causa, el agente pidió ir al baño y, al pasar por los calabozos, notó algo extraño. Fue él quien vio a Fernández tirada dentro de la celda y dio aviso al personal de guardia. La autopsia, firmada por la médica forense Paola Figueroa, reveló que ella tenía excoriaciones, lesiones traumáticas y objetos en la vía aérea superior. La muerte no fue instantánea: agonizó entre tres y cinco minutos, con convulsiones y signos claros de anoxia. También presentaba lesiones en las costillas, en el tobillo (con sangre) y el labio, compatibles con una inmovilización violenta. El informe descartó cualquier intento de maniobra médica para salvarla. Además, el perito de parte, Jorge Rodolfo Velich, y el licenciado Hernán Junod, de la Morgue Judicial, coincidieron en un punto clave: ella no murió por suicidio ni por accidente, sino que fue un homicidio con signos de haber sido cometido por al menos tres personas. Para la fiscalía, la motivación del crimen fue el odio a su identidad de género. En ese sentido, resaltaron un detalle inquietante, que el contenido del teléfono del oficial Carlos Matías Rodríguez, uno de los acusados del homicidio. Horas antes de que se descubriera el cuerpo, el agente buscó en internet videos pornográficos con mujeres trans, e incluso el nombre “Sofía Abigail” -uno de los nombres que usaba la víctima en redes- en sitios de contenido adulto. Poco después, también hizo búsquedas sobre muertes en comisarías y procedimientos judiciales en casos similares. “Estas búsquedas pueden no ser casuales”, indicaron fuentes judiciales, que consideran que el contenido del teléfono muestra una obsesión morbosa y una conducta discriminatoria que alimenta la hipótesis del crimen de odio. El encubrimiento: manipulación de actas y borrado de pruebas Luego de la muerte de Fernández, los intentos por encubrir lo que había pasado comenzaron de inmediato. Siete policías de la misma comisaría fueron acusados de falsificar documentos oficiales, entre ellos las actas de inspección del calabozo y el libro de guardia. La Justicia sostiene que todos mintieron al afirmar que durante la guardia no había pasado nada, pese a que ya sabían que ella había muerto de forma violenta. La investigación estableció que hubo chats, correos y llamadas en las que los policías se pusieron de acuerdo para encubrir el crimen. Por ejemplo, el 10 de abril de 2023 a las 19:31, se envió desde la comisaría un correo electrónico con el archivo “libro de guardia hasta el sábado a las 17:00” a una de las imputadas, Gabriela Itatí Miño. Ese mismo día, Camila Pitulak y Miriam Valor hablaron por mensaje sobre cómo debían escribir el libro de guardia y a quién culpar. En otra conversación clave, Pitulak admite que las actas de inspección eran “humo”. Es decir, completamente falsas. También quedó acreditado que uno de los policías, Gustavo Camacho, tuvo acceso al celular de Fernández después de su muerte, y que el teléfono fue manipulado: se borraron archivos manualmente la misma madrugada del 10 de abril. Por eso, además del homicidio, los fiscales imputaron a estos ocho policías por encubrimiento agravado y falsificación de instrumento público, delitos que tienen penas de hasta 10 años de prisión. Uno por uno, quiénes son los policías implicados El oficial ayudante Carlos Matías Rodríguez, la sargento Yesica Isabel Núñez y la subteniente Edith Viviana Ruiz, fueron imputados por homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial. Por encubrimiento y falsificación fueron acusados el sargento Gonzalo Germán Robles, la oficial ayudante Ezequiel Francisco Avalos Ybañez, el comisario retirado Daniel Eduardo Salerni, el oficial ayudante Gustavo Gabriel Camacho, la subcomisaria Miriam Elizabeth Valor, la sargento Gabriela Itatí Miño y la oficial Camila Belén Pitulak. Todos estaban destinados en la misma dependencia policial al momento del crimen en distintos turnos. Con la última excarcelación de uno de los imputados, todos los acusados llegan al juicio en libertad, aunque con restricciones judiciales. Ahora, Saettone, a cargo del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar, quien deberá resolver si acepta el pedido de elevación a juicio de la Fiscalía. Mientras tanto, los familiares de Sofía siguen pidiendo justicia.