La Casa Rosada le dio la orden a sus diputados de que la iniciativa se trate de forma urgente, pero reconoce que la definición del máximo tribunal sobre la causa Vialidad cambió “las reglas de juego”. Es por eso que en Balcarce 50 ponen en duda que intenten activar el debate parlamentario durante la semana que viene. “El peronismo va a estar en completo boicot y no queremos exponer el proyecto”, expresan en Nación. Los legisladores de Unión por la Patria sostienen que seguirán los lineamientos de sus dirigentes nacionales y aseguran que no participarán del tratamiento en comisión de los proyectos de La Libertad Avanza. El peronismo cuenta con 45 firmas de las tres comisiones que busca reunir el oficialismo. Ya se frustró además este miércoles el debate por la Auditoría General de la Nación (AGN). La mesa política de Balcarce 50 busca profundizar las negociaciones con los bloques de la oposición dialoguista, como el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, MID y la Coalición Cívica, entre otros. Apunta además a conseguir los apoyos de los diputados que responden a los catorce gobernadores que firmaron el convenio de adhesión al nuevo régimen de información fiscal. Se trata de Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Saenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes). Las negociaciones parlamentarias están a cargo del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que son cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, y el asesor Santiago Caputo no están involucrados en lo legislativo. La Casa Rosada envió la semana pasada al Congreso el proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, que busca blindar los datos fiscales de los ahorristas que ingresen dólares informales al sistema. La iniciativa propone elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito, que abarca penas de dos a seis años. El documento contempla una reducción de cinco a tres años del plazo de prescripción penal para delitos tributarios. Apunta aplicar la modificación para los casos en que el contribuyente inscripto haya cumplido en término con la presentación de la declaración jurada y en que la diferencia entre el monto no declarado y lo presentado no supere los umbrales establecidos.