Cuatro fondos de inversión presentaron una nueva demanda contra la Argentina y reclaman una deuda que supera los US$ 1.700 millones.

Se trata de acreedores que lograron un fallo a favor del Tribunal Supremo de Londres, por los cupones atados al Producto Bruto emitidos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2005 y 2010.

La Argentina fue acusada de manipular las estadísticas del INDEC, a través de Guillermo Moreno, con el fin de mostrar un crecimiento económico inferior al real, para tener que pagar menos por la deuda.

Ahora, cuatro fondos de inversión (Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited) que había demandado a la Argentina en 2019 en Londres, solicitaron a la Corte del distrito de Columbia, en Washington, el "reconocimiento y la ejecución de una sentencia firme sobre dinero" y denunciaron que Argentina admitió que "más de 1.500 millones de euros de la sentencia de Inglaterra siguen pendientes e impagos".

El gobierno de Javier Milei puso como garantía casi US$ 360 millones para poder apelar la sentencia en los tribunales londinenses, pero el fallo fue contrario a la presentación argentina en su momento.

Esos fondos ya fueron utilizados en favor de los demandantes y sus representantes legales.

Pero los fondos de inversión que se presentaron ahora ante el tribunal norteamericano denunciaron que "salvo los montos utilizados en virtud de la Carta de Crédito de Argentina y el pago de los montos pendientes de las costas de los demandantes, Argentina no ha pagado nada más de los 1.500 millones de euros de las sentencias inglesas".

En el nuevo acuedo con el Fondo Monetario, la Argentina reconoció mantener deudas por unos US$ 4.000 millones con bonistas que no entraron a los canjes de deuda, incluyendo reclamos relacionados a la litigación concluida en Londres por los cupones PBI.

Sebastian Maril, de Latam Advisors, que sigue el derrotero de la deuda argentina en forma constante, dijo que en el acuerdo del FMI con Argentina, “por primera vez se reclasificaron las contingencias legales como deuda”.