La Fundación de Desarrollo Humano Integral, la organización Argentina Humana Inclusiva y el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras asociaciones, se concentrarán en el Congreso para “exigir” la sanción definitiva de la Ley de Emergencia que se tratará hoy en el Senado de la Nación.

A partir de las 11 estarán presentes en las inmediaciones de Avenida de Mayo y Entre Ríos (CABA) y también en diversos puntos del país, ya que la “profunda crisis” que está atravesando el colectivo es a nivel federal.

Desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral, y en declaraciones a Noticias Argentinas, indicaron que “la discapacidad está en una crisis al borde del colapso”, no sólo por las asignaciones que muchas personas ya no reciben, sino también porque hay un “vaciamiento” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), institución que debe bregar por sus derechos.

“En la ANDIS hubo 340 despidos y un retroceso al modelo médico, además de un recorte del -19% acumulado del presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paralizadas, sin aumentos desde noviembre de 2024 y las obras sociales están desreguladas. Hay más de 500.000 personas afectadas y un millón auditadas sin garantías y sin nuevas pensiones”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que también hubo recortes en transporte y en tratamientos de salud mental y aseguraron que la discapacidad “no puede ser una variable de ajuste”: “Le pedimos a la sociedad toda que nos ayude a visibilizar esta emergencia”, añadieron.

Por otra parte, fuentes de ANDIS que prefieren mantenerse en el anonimato, declararon a Noticias Argentinas que, en los próximos meses, las problemáticas dentro del área “cada vez serán peores” y que casi el único ítem importante que tiene la Agencia en agenda es “recortar pensiones” sin importar el modo o a quienes afecte.

Para finalizar, el Foro Permanente aseguró que el sistema de atención a las personas con discapacidad “atraviesa una situación de colapso total y absoluto” y que el “incumplimiento del Estado, la desfinanciación y la vulneración sistemática de derechos” afecta a más de 250.000 personas que reciben atención y más de 150.000 personas que trabajan en estos servicios.

“No podemos permitir este maltrato. No se trata de pedir privilegios, sino de garantizar derechos que ya están reconocidos por la ley”, concluyó Eduardo Maidana, secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), organización miembro del Foro Permanente.