La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó los procesamientos a 52 funcionarios del Servicio Penitenciario por cometer torturas durante una protesta en el penal de Ezeiza.

Según informó el sitio oficial de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que interviene como querellante en la pesquisa, se trata del caso en el que el 9 de junio de 2019, los efectivos realizaron una requisa violenta en medio de una manifestación de los presos por modificaciones en el régimen de visitas.

Las acusaciones sostienen que los uniformados efectuaron disparos con munición no letal, aplicaron golpes, y utilizaron gases lacrimógenos para repeler a los internos, incluso una vez finalizado el reclamo.

Sin embargo, los reos atravesaron condiciones paupérrimas, como, por ejemplo, aislamiento entre 20 y 23 horas diarias y falta de alimento y agua, una situación que se extendió hasta el 13 de junio, día en el que el juez Gustavo Hornos, presidente del Sistema Institucional de Control de Cárceles, arribó al Complejo Penitenciario y los reclusos comenzaron a exigir baño, comida y asistencia médica.

En este contexto, la Justicia bonaerense confirmó el procesamiento de los involucrados por los tormentos cometidos y por los delitos de violación de deberes de funcionario y falsificación de documentos.

Algunos de los implicados son el jefe del penal, los jefes de turno, guardias de requisa y seguridad interna y miembros del Comité de Seguridad de la Unidad Penitenciaria.

A su vez, se encuentran implicados los miembros de la División Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI) y del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS).

"La normativa prohíbe que los disparos directos sobre personas a corta distancia, salvo en situaciones en que no exista otra alternativa, y establece restricciones muy específicas para la utilización del gas lacrimógeno, y en especial, para autodefensa, especialmente en ambientes cerrados", resalta el fallo.

El escrito agrega que "cinco internos presentaban lesiones de balas de goma, cuya justificación no surge de los testimonios", como así tampoco de "los informes penitenciarios", al tiempo que "se arrojaron gases al principio del procedimiento y, sobre todo, de forma inexplicable en la celda N°10", donde "una vez que fue cerrada, "los gases en cuestión fueron utilizados a través de la mirilla de la celda y de la ventana de la celda que da al patio exterior del pabellón".