Cristina Fernández de Kirchner, actualmente detenida en su domicilio y cumpliendo una condena de seis años de prisión por el caso de fraude en la causa Vialidad, solicitó este martes a la Justicia que suspenda la ejecución de sus bienes y anule esa resolución. Al mismo tiempo, cuestionó el método utilizado para calcular el perjuicio económico causado al Estado y dejó asentado que se reserva el derecho de llevar su reclamo a la Corte Suprema.

La presentación, escrita en primera persona y también firmada por su abogado, Alberto Beraldi, fue realizada horas antes de que venciera el plazo para que, junto con el resto de los condenados, depositara los 530 millones de dólares fijados por el tribunal oral como decomiso de bienes para resarcir al Estado.

En la práctica, la expresidenta no efectuará el depósito, aunque la obligación permanece para los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas José López (seis años de prisión); los exdirectivos de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (seis años), Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Daruich (tres años y seis meses); y los exfuncionarios de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (cinco años), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).

En su escrito, tras remarcar que el decomiso busca recuperar los bienes derivados del delito, expresó: "Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima". También aseguró que así lo demuestran los fallos en los que fue sobreseída por enriquecimiento ilícito.

Y reiteró: "No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables".