Mientras las cifras oficiales confirman un aumento récord del 27% en la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires en el último año, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, minimizó la dimensión de la crisis y apuntó contra la provincia de Buenos Aires como principal responsable del problema.

Según un informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA) citado por Chequeado, la población en situación de calle pasó de 3.560 personas en abril de 2024 a 4.522 en mayo de 2025. El propio relevamiento oficial destaca que la cantidad de gente durmiendo en la vía pública "alcanzó el valor más alto de la serie exhibida".

En un agudo contraste con los datos, el ministro Mraida aseguró hoy en una entrevista radial que "hace un año hicimos un censo y registramos que hay 60 chicos de CABA viviendo en la calle", una cifra que no se condice con el universo total relevado por sus propias dependencias.

Frente a la contundencia del aumento, la principal defensa del funcionario fue desviar la responsabilidad territorial. "Es necesario que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ponga manos a la obra con los chicos en situación de calle. El 70% viene de allá", sentenció Mraida en diálogo con Radio Rivadavia.

Sin embargo, las organizaciones sociales no solo refutan la estrategia de culpar a otra jurisdicción, sino que advierten que el problema es aún más grave. El 3° Censo Popular, cuyos datos preliminares se conocieron en julio, elevó la cifra total a 11.890 personas, un 64% más que en 2019. De ese total, un dato alarmante refleja la aceleración de la crisis: el 38% de las personas quedó en la calle hace menos de un año.

La gestión de Mraida es cuestionada por especialistas que, como señaló el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), vinculan el fenómeno a la "crisis habitacional y económica", la desregulación de alquileres y los desalojos, factores que no distinguen domicilios de origen.

Mientras el ministro defiende su política de paradores ("Tenemos 50 paradores", "dan las cuatro comidas"), el dato oficial de que la gente viviendo en la vereda está en su máximo histórico pone en duda la efectividad o capacidad de dicho sistema.

Esta crisis se enmarca, además, en la decisión del Gobierno nacional de transferir toda la responsabilidad a las jurisdicciones, una medida que, según el CELS, rompió con el espíritu de la ley nacional que buscaba crear políticas coordinadas y no una mera derivación de la problemática.