Los Kovalivker, a través de su abogado Martín Magram, sostienen que la causa es nula porque se originó a partir de grabaciones ilegales que, según su defensa, vulneran el derecho a la intimidad. Además, insisten en que no debería continuar porque se trataría de hechos “ya juzgados”: en 2024, otra investigación sobre un contrato similar de la droguería fue cerrada sin que se comprobara irregularidad alguna.

Magram también defendió la negativa de los hermanos a entregar las claves de sus teléfonos, argumentando que “un celular tiene información sensible”. “No es que no las entregan porque tengan algo que esconder. Están expuestos a un escarnio público con fotos de sus hijos o videos íntimos, como uno donde Eduardo Kovalivker lee poesía. La DATIP seguramente logrará extraer el contenido y no van a encontrar nada”, había dicho el letrado días atrás.

El planteo de nulidad, según explicaron fuentes judiciales, será evaluado por el juez Sebastián Casanello, aunque distintos allegados a Comodoro Py indicaron que el magistrado, en línea con el fiscal, se inclina a no dar lugar a la solicitud. La decisión definitiva podría terminar en la Cámara Federal, donde se revisará la validez de las pruebas y los argumentos de la defensa.

La Fiscalía sostiene que las grabaciones no autorizadas pueden ser consideradas válidas en investigaciones de corrupción.

“Muchas veces un funcionario público toma conocimiento de un hecho ilícito y teme denunciarlo. Por eso graba al implicado y luego filtra el material a la prensa para que se haga público. Eso no impide que el caso pueda investigarse”, señalaron fuentes de la investigación, citando convenciones internacionales que respaldan el uso de cámaras ocultas y registros audiovisuales en la lucha contra delitos de corrupción.

La causa vigente se inició el 25 de agosto, a partir de una presentación de Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil Arco Social, quien denunció compras millonarias por parte de la ANDIS a Suizo Argentina, por montos cercanos a los $30.000 millones, sin licitación pública.

En ese momento, la ANDIS estaba dirigida por Diego Spagnuolo, separado de su cargo tras la filtración de audios donde denunciaba pedidos de coimas que involucraban a funcionarios del gobierno de Javier Milei.

Díaz Pascual también vinculó a la droguería con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y con su primo Eduardo “Lule” Menem, quien opera bajo la órbita de Karina Milei, la secretaria general de Presidencia.

Hasta el momento, el análisis de los contratos y la documentación secuestrada se encuentra en una etapa preliminar y no existen conclusiones definitivas sobre la existencia de irregularidades ni sobre la procedencia de los fondos involucrados. Desde la droguería Suizo Argentina, en tanto, aseguran que ninguno de los contratos presenta irregularidades y que la firma jamás ofertó con sobreprecios.