La CONADU convocó a un paro y a actividades de protesta para este martes, en respuesta a la demora del Gobierno en poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque la ley fue publicada en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei decidió postergar su aplicación, generando preocupación entre los docentes y las comunidades educativas.

Todo esto sucede después de un largo debate en el Congreso, donde la ley fue sancionada en ambas cámaras en el primer semestre de 2025. La normativa establece un régimen especial para financiar las universidades, con fondos destinados a su funcionamiento, becas y, muy importante, la actualización salarial de los docentes, ya sea mediante paritarias o, en caso de no llegar a acuerdo, con incrementos que nunca sean menores a la inflación oficial.

Pero la historia no termina ahí. Tras la sanción, el Presidente vetó la ley por motivos presupuestarios, aunque la oposición logró reunir los votos necesarios para rechazar ese veto y avanzar con su implementación. Sin embargo, los plazos legales para la promulgación vencieron este lunes, y en ese momento surgieron los temores de que, como ya ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, la ley quedara sin efectos prácticos por falta de recursos.

Y así fue. Finalmente, el Ejecutivo decidió postergar la aplicación de las leyes relacionadas con el financiamiento universitario, la recomposición salarial y la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias, mediante la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025. Antes de que esto ocurriera, CONADU decidió, de manera unánime, organizar una protesta nacional con actividades en las universidades el 21 de agosto, y al día siguiente, un paro general de actividades en apoyo a las demandas del sector.

Desde el gremio, el secretario general, Carlos De Feo, expresó con preocupación: “La situación en las universidades es sumamente grave. Los salarios de pobreza, la sobrecarga laboral y la precarización de cargos están poniendo en jaque la educación superior. Sabemos que el Gobierno podría suspender la aplicación de la ley, como ya hizo con la emergencia en discapacidad. Por eso, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para defender el sistema universitario y científico que tanto nos costó construir.”

La movilización contará con clases públicas, asambleas, volanteadas y marchas frente al Congreso, los Ministerios y en las principales plazas del país. Además, CONADU Histórica realizará un paro de 48 horas en los mismos días, exigiendo que la ley sea aplicada en su totalidad y sin dilaciones.

Este conflicto no solo es una disputa entre gremios y el Estado, sino una pelea por el derecho a una educación de calidad, por salarios dignos y por el futuro de estudiantes y docentes.