La expectativa de una mesa de diálogo capaz de descomprimir el conflicto policial en Rosario volvió a frustrarse este martes. Tras una jornada marcada por idas y vueltas, la reunión anunciada entre autoridades del gobierno provincial y el abogado Gabriel Sarla, representante de los efectivos que impulsan el reclamo, finalmente no se concretó en el horario previsto. Lejos de apaciguar el escenario, la indefinición reactivó la protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y profundizó un clima de tensión que ya desbordó el plano gremial. Desde temprano, todo indicaba que el canal de diálogo podía restablecerse. El encuentro había sido anunciado para la tarde en la sede de Gobierno en Rosario, con el objetivo de destrabar un conflicto abierto desde hace varios días, con epicentro en la ciudad y repercusiones en la capital provincial. Sin embargo, la reunión fue primero reprogramada y luego envuelta en una nebulosa que terminó por alimentar el malestar en la calle. Una reunión anunciada que nunca llegó En rigor, la cita estaba pautada inicialmente para las 15. Con el correr de las horas, las gestiones del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, entre ellas contactos con Maximiliano Pullaro, derivaron en una postergación. Desde el gobierno provincial explicaron a La Capital que el cónclave se realizaría a las 18.30, pero en el medio surgieron rispideces que complicaron el escenario. Cerca de las 17, el regreso de Sarla a la esquina de Ovidio Lagos y Lamadrid —donde se concentran los policías autoconvocados— alteró nuevamente la zona. Algunos móviles volvieron a interrumpir el tránsito como señal de protesta, en una escena que se había repetido durante la mañana. “Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro”, relató el abogado a los medios presentes. “No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro, que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta”, agregó. Y fue más allá: “Si se comunican habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente”. Sarla aclaró además que él no negocia, sino que traslada propuestas y que las decisiones finales quedan en manos de los propios policías. Desde el Ministerio de Seguridad respondieron con firmeza. “A las 18.30 es la reunión. Había quedado que venía”, señalaron fuentes oficiales consultadas por este diario. Las declaraciones cruzadas no cayeron bien en el Ejecutivo y terminaron por enrarecer aún más una negociación que, si bien no fue formalmente dada de baja, quedó suspendida en un clima de desconfianza mutua. Protesta policial y despliegue en la calle Mientras el diálogo se dilataba, la protesta se profundizó en Rosario. Sin llegar a un acuartelamiento, los efectivos plantearon un corte de crédito laboral y utilizaron móviles oficiales para visibilizar el reclamo. La presencia de patrulleros detenidos frente a la Jefatura y el uso del espacio público como escenario del conflicto encendieron alarmas en el gobierno provincial. En una conferencia de prensa, el Ejecutivo expuso su postura. “Estas acciones ilícitas y violencia entendemos que quieren golpear la política de seguridad exitosa, le guste a quien le guste. Esta es la política que, junto al gobierno nacional, está bajando el delito y la violencia. Acá trazamos la raya”, sostuvieron desde la cartera de Seguridad. La tensión no fue un hecho aislado. La noche del lunes, lo que comenzó como una movilización ruidosa de policías, familiares y allegados frente a la Unidad Regional II terminó con enfrentamientos entre manifestantes y otros efectivos que intentaban desactivar la protesta. A pedido de las autoridades, la intervención policial derivó en una masiva convocatoria: cerca de 50 móviles y decenas de motocicletas cortaron el tránsito en la zona. Los anuncios que no descomprimieron el conflicto El trasfondo del reclamo viene acumulándose desde hace semanas. La semana pasada, el gobierno provincial anunció una batería de medidas para distintos grupos de la Policía de Santa Fe, que incluyeron un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo. Para los sectores movilizados, esos beneficios no implicaron una recomposición del salario real. Según Sarla, el eje del conflicto es la política salarial. El letrado sostuvo que no hubo un aumento de sueldo, sino un adicional no remunerativo que alcanza sólo a una parte del personal. “No es lo que se está pidiendo. Se reclama un incremento salarial para la totalidad de la policía y no para unos pocos”, planteó, al remarcar que ese tipo de sumas no impacta en el salario básico, los adicionales ni las jubilaciones. A ese punto se suman reclamos por condiciones laborales que los propios efectivos describen como insostenibles: extensas jornadas, falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar ingresos. También aparecen demandas vinculadas a la salud mental del personal, un aspecto que cobró especial relevancia tras la muerte de Oscar Valdez, suboficial de 32 años conocido como “Chimi”, que atravesaba problemas de salud mental y se encontraba con carpeta médica. La respuesta del gobierno y el endurecimiento del discurso El Ejecutivo provincial endureció el tono frente a la protesta. Cococcioni apuntó a “sectores desplazados de la Policía de Santa Fe” como instigadores del conflicto y sostuvo que, sobre un reclamo inicialmente legítimo, “se fueron montando determinados grupos a partir de intereses particulares” que derivaron en acciones violentas y antijurídicas. El ministro advirtió que se paralizaron móviles frente a la Jefatura y que algunos efectivos incurrieron en abandono de servicio, un comportamiento que —según señaló— cruza el umbral del delito. “Utilizar a la institución y sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó es cruzar una línea que no dejaremos pasar ni consentir”, afirmó. Como consecuencia, el jefe de la Policía labró al menos 20 sanciones administrativas. Esos funcionarios fueron pasados a disponibilidad y se les retiró el arma reglamentaria. En paralelo, el gobierno anunció que dará intervención al Ministerio Público de la Acusación para que evalúe posibles responsabilidades penales. “Es una fuerza de seguridad, no es un club o asociación de amigos. Se espera disciplina interna porque la gente le confía un arma, un chaleco, un patrullero y un uniforme para que defienda el imperio de la ley y no para socavarlo”, cerró Cococcioni. Investigación penal en marcha En ese marco, el MPA inició una investigación penal preparatoria contra al menos 20 agentes policiales por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a partir de los hechos ocurridos durante la madrugada del martes en las inmediaciones de la Jefatura de Rosario. La actuación judicial se activó tras un informe elevado por el área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad a la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción, donde se consignaron presuntas irregularidades durante la protesta. Según las actuaciones preliminares, parte del personal involucrado no habría cumplido con el servicio al que estaba asignado, lo que abrió la puerta a la intervención penal, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas. La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia y Turno y de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Desde el organismo judicial aclararon que se analizará específicamente si la conducta del personal comprometió la seguridad pública. “Particularmente, se evaluará si se produjo algún hecho delictivo que pudo haberse evitado con la normal prestación del servicio”, indicaron, sin descartar una ampliación de responsabilidades si se comprueba un daño concreto derivado del abandono de funciones.